Bruselas lleva a España ante el TJUE por las ayudas al sector digital
La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar las decisiones de Bruselas que consideraban las subvenciones españolas al sector digital incompatibles con las normas de la Unión, informó este martes el Ejecutivo comunitario.
La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar las decisiones de Bruselas que consideraban las subvenciones españolas al sector digital incompatibles con las normas de la Unión, informó este martes el Ejecutivo comunitario.
"La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia" por "no recuperar ayudas estatales incompatibles dedicadas a subvencionar la digitalización de su red de televisión y no suspender todos los pagos en curso", explica el comunicado del Ejecutivo.
En dos decisiones, en junio de 2013 y octubre de 2014, el Ejecutivo comunitario consideró incompatibles con la normativa europea las ayudas estatales concedidas para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT).
Para Bruselas, estas ayudas infringen el principio de neutralidad tecnológica, ya que sólo beneficiaban a la TDT en detrimento de otras plataformas de transmisión como la terrestre, el satélite, el cable o internet.
Además, las subvenciones públicas "pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios", como "mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos", añade la misma fuente.
Por ello, Bruselas instó a las autoridades españolas a recuperar estas ayudas, si bien "solamente han recuperado una pequeña parte" de estas, "aproximadamente el 2%", precisó la Comisión.
En concreto, España sólo ha recuperado unos 5,5 millones de euros de un total de 303,8 millones, según cálculos del Ejecutivo comunitario, que se muestra "especialmente preocupado por la continuación del pago de subvenciones ilegales".
La justicia europea ya desestimó los recursos presentados por varias administraciones españolas contra las decisiones de la Comisión Europea, que eleva ahora el caso ante la más alta instancia jurÃdica de la UE.
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