EEUU sanciona a tres latinoamericanos por abusos contra DDHH y corrupción

Estados Unidos sancionó el jueves al presidente del tribunal electoral de Nicaragua, a un congresista guatemalteco y a un empresario dominicano vinculado al escándalo de Odebrecht, por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral Supremo (CES) de Nicaragua; julio Antonio Juárez Ramírez, diputado oficialista de Guatemala, y el empresario de República Dominicana Ángel Rondón Rijo, están entre los individuos y entidades sancionados por el presidente Donald Trump.

Las medidas fueron tomadas bajo la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos, aprobada el año pasado.

"Hoy, Estados Unidos toma una posición firme contra el abuso de los derechos humanos y la corrupción a nivel mundial al excluir a estos malos actores del sistema financiero estadounidense. El Tesoro congela sus activos y denuncia públicamente los atroces actos cometidos", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Las medidas implican el congelamiento de los activos que los sancionados tengan en Estados Unidos, así como la prohibición a personas naturales y jurídicas estadounidenses de hacer transacciones comerciales o financieras con ellos.

Rivas, presidente del CES, es acusado de corrupción y "fraude electoral" en Nicaragua. El diputado Juárez, en tanto, es señalado de ordenar un atentado en el que dos periodistas fueron asesinados y otro resultó herido en Guatemala.

Rondón fue incluido en esta lista negra estadounidense por hacer llegar dinero a la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios dominicanos a cambio de concesiones para la construcción de carreteras, represas y otros proyectos.

Además de los tres latinoamericanos, fue sancionado un general birmano, Maung Maung Soe, acusado de liderar una campaña de depuración étnica contra los rohinyás.

"Estados Unidos continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos y se involucran en corrupción", aseguró el secretario de Estado, Rex Tillerson, al saludar la implementación de esta ley.

La norma, que tiene alcance mundial, fue aprobada en 2016 como una ampliación de la Ley Magnitsky de 2012, dirigida contra violadores de derechos humanos en Rusia.